Los Fondos NextGenEu frente a la (des)igualdad y la violencia contra la mujer

Abstract

El impacto generado por la pandemia de COVID-19 sobre la violencia contra la mujer se ha evidenciado en los estudios realizados sobre la materia. Con carácter general, las medidas adoptadas por los poderes públicos dirigidas al confinamiento de la ciudadanía, así como al distanciamiento social generaron el escenario propicio para un aumento de la violencia contra la mujer, en un contexto de obligada convivencia con su agresor y de aislamiento físico respecto del entorno familiar, social e institucional. Este escenario de aislamiento sobrevenido es el punto de encuentro de diversos factores que provocan un aumento de las acciones violentas contra la mujer. Diversos estudios combinan factores como el aumento del estrés y la ansiedad, motivados por el confinamiento y la dis-tancia social, la imposibilidad de establecer relaciones sociales o institucionales (con los servicios públicos dedicados a la protección de la mujer) por parte de la mujer que sufre violencia, el impacto económico generado por la pandemia sobre las personas y familias más vulnerables, o incluso el abuso en el consumo de alcohol y drogas. En el ámbito español, las instituciones públicas, con el Ministerio de Igualdad a la cabeza, han reconocido la gravedad del aumento de la violencia contra la mujer durante la pandemia, y la urgencia de la adopción de medidas para abordar esta problemática. Por un lado, subyace la idea de que, a mayor aislamiento social, mayor control sobre las mujeres, clausuradas por decisión pública al hogar, el espacio más inseguro y que mayor vulnerabilidad y riesgo genera, «el encierro dentro del encierro». Por otro, las restriccio¬nes sociales y la limitación de la actuación de los servicios públicos alimentan una mayor impunidad del agresor que ve satisfactoriamente que la violencia ejercida ad intra se mantiene circunscrita a su entorno doméstico sin proyección ad extra. Los poderes públicos, también en la gestión de la pandemia, han tratado de seguir la estela del mandato al que se deben y que identifica la acción política con la organización de la incertidumbre. Una incertidumbre que ha tenido que ser acometida desde distintos frentes y para lo que era preciso disponer de un saber multidisciplinar adecuado, que, en ocasiones, llevó a la adopción de medidas en las que la ponderación entre los bienes protegidos resultó controvertida